Organizaciones sociales de derechos humanos denuncian falta de efectividad en la Ley Especial para la Atención y Protección de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, a 2 años de su aprobación.
Señalan que falta un reglamento, respuestas a víctimas, albergues y un presupuesto enfocado en la atención y búsqueda de soluciones, entre otros retos.
Entre enero de 2020 y el 8 de febrero de 2022, solo Cristosal atendió a 1,306 personas obligadas a desplazarse por diversas razones mientras que SSPAS atendió a 710 personas.
Es preciso mencionar que deacuerdo con cifras de las organizaciones solo un 15.7% denuncian ante las autoridades, mientras que el 74.9% no lo hace por temor.
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