La violación a derechos humanos en el marco de esta medida denominada “Guerra contra las pandillas” a hecho que Amnistía Internacional envíe una misión de crisis a El Salvador.

“Las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza” lamentó Erika Guevara, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Denuncian que las reformas al Código Penal han limitado los derechos a la defensa de los detenidos bajo el estado de Excepción, Zaira Navas, de CRISTOSAL señaló que “El régimen de excepción no es lo más grave, sino las reformas que han sido implementadas”, y que el impacto sobre las personas detenidas, podría llevar a que pasen más de dos años sin garantía alguna en lo que llamó “centros de concentración”.

El Salvador pasó de ser el país con la segunda taza de personas presas per cápita más alta del mundo, a tener la primera, sobrepasando a Estados Unidos casi al doble en términos de personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes.