El gobernador Ron DeSantis aprobó una serie de normas que convierten a Florida en uno de los estados con las leyes antiinmigrantes más severas de Estados Unidos y que se alinea con la política de la administración de Donald Trump.

Entre las leyes aprobadas se encuentra una en que se establece, entre otras cosas, la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos sin estatus legal y que hayan sido declarados culpables de delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores.

Bajo las nuevas leyes que rigen el Florida, se considera un delito reingresar al estado tras haber llegado al país de manera irregular; además, Los inmigrantes tampoco tendrán derecho a solicitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en el estado de Florida si no pueden demostrar presencia legal.

Con las nuevas disposiciones, los estudiantes indocumentados que residen en Florida no tendrán acceso a pagar la matrícula estatal en las universidades y centros comunitarios. Ante las acciones tomadas por el gobernador de Florida, Los demócratas y los defensores de los derechos civiles han argumentado que esa disposición es inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema.