El Congreso de Guatemala aprobó una polémica ley que eleva las penas de cárcel para los abortos en el país centroamericano y que además busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”.

La normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, fue aprobada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

En contra de la ley votaron ocho legisladores y otros 50 no emitieron voto en el Parlamento guatemalteco para la aprobación de la polémica ley.

La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 hasta su aprobación este martes, aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo.

De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, dijo a periodistas en la noche de este martes que la ley “viola los derechos humanos” y “viola acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala”.

Rodas dijo que plantearán una “acción de inconstitucionalidad” ante las autoridades para que la normativa “no tenga efectos”.

El funcionario añadió que los políticos “hablan de la familia y la vida” cuando “en la práctica hacen otras cosas”.

El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse “considerando” la “existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.

La Ley Para la Protección de la Vida y la Familia fue presentada en 2017 por el legislador de la bancada conservadora Viva, Aníbal Rojas.