Conmoción, tristeza, enojo e indignación.

Son algunos de los sentimientos que han surgido en algunos sectores de la sociedad boliviana a raíz del caso de una niña de 11 años que quedó embarazada debido a los continuos abusos sexuales cometidos por un hombre de 60 años.

“Niñas, no madres” y “Salven las dos vidas” son algunas de las consignas que han utilizado en los últimos días, tanto en las redes sociales como en manifestaciones en las calles, los que defienden que la menor pueda interrumpir su embarazo amparada por la ley y los que creen que la gestación debe seguir su curso.

El caso, que sucedió en el municipio de Yapacaní -en el departamento de Santa Cruz, en el este del país-, ha tenido una fuerte repercusión en todo Bolivia en la última semana.

Violada durante meses

Durante más de nueve meses, la niña fue víctima de abusos sexuales por parte del padre de la actual pareja de su madre. El embarazo se descubrió después de que la menor “sintiera movimientos extraños” en su vientre y se lo contara a sus familiares. Tras una primera revisión médica, se dio a conocer que tenía 21 semanas de gestación.

Una tía de la pequeña presentó una denuncia contra el presunto agresor, que aguarda su proceso judicial en una cárcel de máxima seguridad.

Al mismo tiempo, se presentó una solicitud de interrupción legal del embarazo (ILE) para la niña.

En Bolivia, desde 2014, gracias a una sentencia constitucional, una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro (cuando la víctima es menor de edad) o si como resultado de la gestación su vida o salud corren peligro.

Tan solo es necesario presentar una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima, eliminándose el requisito de una autorización judicial que figura en el Código Penal boliviano para la realización de un aborto no punible.

La ILE de la niña comenzó el viernes pasado. Según dio a conocer la Casa de la Mujer, institución que dio apoyo a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní al inicio del caso, la pequeña recibió una primera medicación para interrumpir la gestación.

Pero tras la mediatización del caso, que distintos sectores atribuyen a una cobertura “irresponsable” por parte de los medios locales y a que no se respetó la privacidad de la menor, la Iglesia católica y grupos denominados “provida” ejercieron presión sobre la niña y su madre para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo.

La posición de la Iglesia boliviana ha sido, desde que se dio a conocer el caso, la de “salvar, cuidar y apoyar con amor a las dos vidas”. En un comunicado, fuentes eclesiásticas afirmaron que “es ya una criatura bastante formada y por tanto goza, sin duda, de la protección que emana de las leyes y la Constitución Política del Estado”.

Fuente: BBC