El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó estado de excepción por 60 días en el marco de su Plan Nacional de Seguridad, lo que prende las alarmas pues las fuerzas de seguridad se mantendrán desplegadas en el país con sus armas.

“Nuestras Fuerzas Armadas y Especiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el país, especialmente en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican”, anunció el mandatario. 

Aludiendo a los detalles del estado de excepción, el banquero y actual presidente enfatizó que los policías y militares podrán desplegarse en todo el país y efectuar operativos, “se realizarán controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar su lucha contra el crimen”, acotó.

“Crearemos la Unidad de Defensa Legal de la fuerza pública, que se dedicará a la protección de todos aquellos miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas que sea demandados por simplemente cumplir con su deber”, sentenció el jefe de Estado ecuatoriano.

Durante su pronunciamiento, el presidente instó a las fuerzas especiales a actuar con contundencia, “actúen con la valentía que los caracteriza, este Gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor, nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden”, advirtió. 

“El Ejecutivo enviará en los próximos días un nuevo proyecto de Ley dedicado a respaldar a nuestros agentes del orden y llevará como nombre “Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública”, así protegerá y unirá a todas las fuerzas para que devuelvan la seguridad a los ciudadanos”, aseveró Lasso.

Aunque el mandatario ahondó en el fortalecimiento de la Policía y de las Fuerzas Armadas para desplegarse en el país, no especificó sobre los programas sociales, solamente aludió en la creación de un “Comité Interinstitucional” entre ministerios del frente social y la Secretaría de Derechos Humanos.

Actualmente el Gobierno de Lasso no pasa por su mejor momento, además del escándalo de los Pandora Papers, se suma la crisis carcelaria que se ha traducido en asesinatos producto de enfrentamientos armados entre bandas y a los reclamos sociales evidenciados en movilizaciones.